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“La estrategia para combatireste problema social debe impregnar
todas las iniciativas y actuaciones
que se impulsen desde cada
departamento del Ejecutivo”
La Consejería de Justicia e Interior
acaba de asumir las competencias en materia de Violencia de Género,
¿Cómo valora esta decisión y cuál son sus planes para luchar contra
este grave problema?
La violencia de género es una de las políticas transversales del Gobierno Andaluz y la estrategia para combatir este problema social debe impregnar todas las iniciativas y actuaciones que se impulsen desde cada uno de los departamentos del ejecutivo. Por tanto, es fundamental la coordinación desde Justicia e Interior que asumimos en esta materia y que supondrá un respaldo y un refuerzo para estas políticas.
Se ha firmado el pasado año el convenio
de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal
en materia de Violencia de Género ¿Cómo valora este nuevo instrumento
de cooperación?
Desde la Junta de Andalucía consideramos fundamental profundizar en la cooperación entre las distintas administraciones y agentes implicados en la lucha contra este problema para así prevenir su aparición. Por eso, Junta y Ministerio Fiscal firmamos un convenio que renueva y refuerza el compromiso de ambas administraciones contra este tipo de violencia y que viene a mejorar el anterior que ha estado vigente desde el año 2004. Con ello se da respuesta al nuevo marco legal implantado en nuestra comunidad autónoma, la nueva estructura Orgánica del Ministerio Fiscal o a la creación de la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas.
Esta iniciativa contribuirá a erradicar o reducir la comisión de nuevos actos violentos contra la mujer en Andalucía, así como a dar una mejor respuesta a la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Uno de los aspectos más relevantes es la formación de los operadores jurídicos en Violencia de Género ¿Considera que es necesario potenciar la formación especializada?
Sin duda alguna. Está plenamente constatado que a través de la cualificación y especialización de quienes se dedican a la defensa de los derechos e intereses de las víctimas se consigue mejorar su protección y atención, dando cumplimiento así al mandato constitucional de ofrecer una tutela judicial real y efectiva a las víctimas.
Desde la Consejería vamos a apostar por seguir potenciando la formación de todos los operadores, y no solamente me estoy refiriendo a los fiscales especialistas, sino también a los jueces y magistrados de la jurisdicción penal y, muy especialmente, la de aquellos que están destinados en los juzgados de violencia de género. De hecho, venimos desde hace tiempo promoviendo actividades formativas para estos profesionales de la judicatura con el objetivo de unificar criterios y mejorar su acción.
Por otra parte, mantenemos una línea de colaboración para facilitar la formación de los letrados adscritos al turno de oficio especializado en violencia de género, una cualificación que contribuye también a mejorar la calidad de la asistencia y orientación jurídica que prestan a las víctimas.
Y respecto de la preparación de los funcionarios y funcionarias al servicio de la Administración de Justicia, se han organizado diversos cursos de formación específica para el personal de los Equipos Psicosociales en materia de violencia de género y se ha incluido además en la propuesta anual de formación continuada del Instituto Andaluz de Administración Pública, dirigida al colectivo de personal médico forense, una actividad formativa orientada a la formación especializada.
¿Cuál es el formato seguido en la formación de los fiscales especialistas en materia de violencia sobre la mujer?
En la planificación, diseño y ejecución de los distintos Planes de Formación, desde hace tiempo, la Consejería ha venido apostando de forma decidida por seguir el formato del "Encuentro", una fórmula formativa que consiste en el debate y análisis de los profesionales de la Justicia sobre las actuaciones y medidas que se llevan a cabo en este ámbito, una iniciativa que fomenta la participación activa de los profesionales y la aportación de soluciones y propuestas para seguir profundizando en este ámbito.
¿Cómo valora los instrumentos que
la Consejería de Justicia e Interior tiene para la atención a las
víctimas
de Violencia de Género?
Estamos ante una política trasversal que hace necesario un abordaje integral de este problema, por tanto, los instrumentos que se ofrecen deben emanar de todos los departamentos del Gobierno, eso sí, desde una indispensable coordinación que vamos a llevar a cabo desde esta Consejería.
En Andalucía disponemos de importantes experiencias en el terreno de la coordinación institucional como la Comisión Institucional de Andalucía de Coordinación y Seguimiento de Acciones para la Erradicación de la Violencia de Género o los Protocolos de derivación de víctimas de violencia con problemáticas añadidas que han demostrado su eficacia
Respecto a las instrumentos aportados por esta Consejería, creo que son muchos y muy útiles y nuestro propósito es seguir ampliando y profundizando en esas herramientas para mejorar su atención y protección. Entre ellas, destaca la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, un instrumento en cuya creación Andalucía ha sido pionera y que se encuentra en los Institutos de Medicina Legal de cada una de las ocho provincias andaluzas.
Se trata de unidades funcionales multidisciplinares de carácter técnico, integradas por personal médico forense, psicólogos y trabajadores sociales, quienes desarrollan sus funciones bajo la dirección y supervisión del médico forense encargado de la coordinación de la Unidad. Estas Unidades han emitido más de 20.000 informes a los Juzgados y Fiscalías desde 2008.
También se ha impulsado la consolidación de estas Unidades mediante su regulación, lo que ha supuesto el refuerzo de sus plantillas a través de la incorporación de más médicos forenses, el fomento de la formación especializada de los profesionales y la mejora de la coordinación, colaboración y comunicación con otros servicios e instituciones como el Servicio de Atención a la Víctima en Andalucía (SAVA), Colegios de Abogados, Fiscales, etc.
¿Qué ventajas destacaría del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita a las víctimas de violencia de género?
Este turno de oficio especializado que prestan los letrados andaluces en esta materia ha supuesto un importante apoyo legal y un refuerzo de la garantía jurídica para las víctimas desde su creación.
Por otra parte, ha sido un reto muy importante la implantación del Servicio de Asistencia a Víctimas en toda Andalucía, contando en la actualidad con sedes en las ocho capitales de provincia y también en el Campo de Gibraltar. Se trata de un servicio público y gratuito para dar una respuesta integral a las víctimas de delitos desde el plano jurídico, psicológico y social. Su finalidad es proteger a la víctima y evitar su paso por las distintas instituciones con las que debe entrar en contacto para la resolución de sus problemas, de forma que los procedimientos policial, médico y judicial no supongan un gravamen adicional al ya producido por el delito en sí mismo y evitar así los efectos de la victimización secundaria.
Anualmente se atiende a más de 10.000 personas, con una especial repercusión de su actividad en las víctimas de malos tratos, por lo que consideramos una necesidad el abordar la futura regulación de este servicio en aspectos tan fundamentales como su naturaleza, fines, funciones, organización, funcionamiento, derechos de las personas usuarias, establecimiento de mecanismos de coordinación y el control de la calidad de este servicio.
Además, el personal de este servicio refuerza también el apoyo a las víctimas mediante su presencia efectiva en los Juzgados especiales de violencia sobre la mujer, prestando de esta forma una asistencia integral directa e inmediata a estas víctimas desde su misma entrada a las dependencias judiciales.
El punto de coordinación de las
órdenes de protección telemático creado por la Junta tiene más de
25.000 procedimientos registrados desde su puesta en marcha. Desde la
perspectiva de la tramitación judicial,
¿cómo considera que el punto ha mejorado la atención a las víctimas?
La utilización de este punto de coordinación como única vía de comunicación otorga inmediatez y coordinación a los organismos e instituciones implicados en la atención a la víctima, lo que supone una considerable mejora y un importante avance tanto en su protección como en la asistencia social que se le debe brindar.
Para garantizar la eficacia de las medidas de protección y apoyo social, el punto de coordinación resulta fundamental. Se trata de un sistema telemático unificado, puesto en marcha en noviembre de 2009 por la Junta, que permite la notificación inmediata y con carácter confidencial de las órdenes de protección entre los órganos judiciales y los organismos competentes en materia de asistencia y protección social de las víctimas.
El funcionamiento de este importante instrumento en relación a estas órdenes de protección ha supuesto un salto cualitativo en la gestión y comunicación de estas órdenes, puesto que permite garantizar la efectiva recepción de la orden de protección desde los órganos judiciales que la emiten hasta los organismos competentes en la asistencia y protección social a las víctimas.
Además, facilita el conocimiento, a través de una misma base de datos, de todas las medidas y recursos puestos en marcha con la víctima a través de diferentes organismos de asistencia y protección social, permitiendo distinguir el itinerario de atención seguido con la víctima y hacer un seguimiento del mismo.
En definitiva, se presta una asistencia más óptima y eficaz y se evita a su vez una victimización secundaria.
Dentro del marco de la Ley Integral
de Violencia de género, ¿cree que hay margen para la mejora
de los instrumentos puestos en marcha?
La Ley contra la violencia de género ha tenido unos efectos muy positivos en esta lucha, pero todavía nos quedan cosas por hacer mientras sigan registrándose nuevas víctimas.
No obstante, ha supuesto evidentes avances y beneficios, como el haber asentado en nuestra sociedad una conciencia común de repulsa contra la violencia machista y haber establecido un sistema de protección y asistencia adecuado.
Sin embargo, siempre que exista una mujer en esta terrible situación el problema no estará resuelto, por lo que tenemos que seguir trabajando desde todos los ámbitos. Con todo, creo que la ley puede ser mejorable, como todo en la vida, y después de ocho años de vigencia, quizá, sea el momento para la reflexión sobre sus resultados y sobre la conveniencia de afrontar su revisión.
Mientras tanto, hay que apostar por la identificación temprana de las situaciones de riesgo real, actuar con anticipación y fomentar la detección temprana de las mismas, un reto que refuerza una estadística reveladora sobre las víctimas registradas en lo que va de año, ya que ninguna había presentado denuncia previa de malos tratos.
Además, es preciso incidir en la prevención y concienciación social, especialmente desde edades tempranas con campañas eficaces, además de mejorar el acceso de la mujer a los recursos jurídicos, profesionales y asistenciales mediante la unificación de su atención en un único punto que evite la victimización secundaria, apostando por la creación de una ventanilla única que coordine y ofrezca una atención integral a las víctimas.
Debemos también otorgar una particular atención a la violencia de género a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Al mismo tiempo, hay que impulsar medidas que eviten el aislamiento social de las víctimas y reforzar las medidas de protección y de especial seguimiento a los menores, así como profundizar en la formación especializada y la inserción laboral de las víctimas.
En definitiva, vamos a seguir reforzando nuestro compromiso sin fisuras en la lucha por erradicar este tipo de violencia, conscientes de que es el primer paso para impulsar desde las Administraciones Públicas todas las actuaciones necesarias encaminadas a la consecución de este objetivo. No es posible mantener en el siglo XXI un problema que limita nuestro avance social y representa uno de los ataques más graves a los derechos fundamentales de las personas como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución.
