tema a fondo:

La renuncia a continuar en el procedimiento judicial
en mujeres víctimas de violencia de género:
Un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza
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El avance legislativo con el que se ha intentado dar respuesta a la violencia de género ha conseguido que en los primeros años de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se haya producido una visibilización social de esta problemática, un incremento en el número de denuncias por violencia de género y una mejora en la respuesta policial, judicial y social ante estas situaciones.

Pese a este avance sigue existiendo un porcentaje de mujeres, que se según el CGPJ se viene manteniendo en los últimos años entorno al 12%, que renuncian a continuar el procedimiento judicial una vez iniciado sin que sepamos a nivel empírico por qué lo hacen. Para poder reducir esta ratio denuncias/renuncias es fundamental obtener datos empíricos objetivos sobre cuáles son estos motivos que llevan a estas mujeres a renunciar al proceso judicial y, en la medida de lo posible, poder llegar a predecir este comportamiento para poder actuar con grupos de mujeres que, en función de ellos, se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad. Este ha sido el objetivo de la investigación realizada por un equipo de investigación del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, dirigido por Mª Jesús Cala Carrillo y subvencionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Aunque el énfasis se ha puesto en este 12% de renuncias por la importancia social que tendría poder disminuirlo, conviene no olvidar y poner en valor que a pesar de lo complejo que puede resultar continuar con el procedimiento judicial, un 88% de las mujeres lo hacen. Estas mujeres continúan el procedimiento judicial a la vez que afrontan nuevas responsabilidades en solitario tras haber vivido abusos repetidos a lo largo del tiempo, con las importantes secuelas psicológicas que esta situación acarrea en las mujeres, y en un contexto social donde lo que se espera de ellas es que “sepan perdonar”, cuiden de sus parejas y sitúen dicha relación en el eje de su proyecto vital. Las mujeres, en muchos casos sin los recursos económicos suficientes y en una situación de aislamiento a la que el maltratador las ha sometido, tienen que conseguir desprenderse de muchos de estos mandatos de género, tener la fortaleza de presentar una denuncia, en alguno de los casos acompañadas de la solicitud de una Orden de Protección, y mantener las energías suficientes para continuar con el procedimiento judicial que puede extenderse en el tiempo durante meses e incluso años. Y, como decimos, la inmensa mayoría de ellas lo hace.



La importancia de este estudio radica en que es el primero de estas características que se hace en nuestro país y que ha permitido un primer acercamiento empírico a cuáles son los principales motivos que llevan a renunciar a las mujeres, así como la elaboración de un modelo de regresión logística que predice la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la renuncia en función de 5 variables predictoras, así como aporta datos sobre la importancia relativa de cada una de estas variables.

Para conseguir este objetivo se ha elaborado un cuestionario que se administró en 806 casos estando la muestra formada por mujeres que se encontraban en o habían finalizado un procedimiento judicial por violencia de género, incluyendo la muestra tanto mujeres que habían renunciado en algún momento del procedimiento como mujeres que habían llegado hasta el final.

La investigación ha constado de dos fases. En la primera de ellas, además de consultar la literatura existente sobre el tema, se ha realizado un análisis exploratorio para identificar, por saturación de la información, los factores más relevantes que podrían explicar el fenómeno del abandono. Para ello se ha contado con la opinión tanto de diferentes profesionales que desde diversos ámbitos de actuación trabajan con mujeres que sufren violencia de género, como de las propias mujeres que se encuentran o han estado inmersas en un procedimiento judicial por violencia de género. Concretamente en esta primera fase han participado:

La Delegada de Gobierno de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Delegación del Gobierno en Andalucía, un especialista de Equipos Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil, del Servicio de Atención a Familias (SAF) de la Policía Nacional, del Grupo Diana de la Policía Local de Sevilla, magistrada, secretaria y fiscal del Juzgado de Violencia de Género nº3 de Sevilla, abogadas especializada en Violencia de Género, psicóloga del Servicio Andaluz Atención a Víctimas (SAVA), psicóloga y trabajadora social de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) adscrita a los Juzgados de Violencia de Género de Sevilla, responsable de la Fundación Ana Bella de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género, psicólogas de Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) en la provincia de Sevilla, abogadas que desarrollan su labor en distintos CMIM de la provincia de Sevilla y psicóloga del Programa de Atención Grupal a mujeres víctimas de violencia de género del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). En cuanto a las mujeres entrevistadas se trata de 11 mujeres víctimas de violencia de género residentes en Casas de Acogida de Andalucía y 3 mujeres víctimas de violencia de género usuarias del Programa de Atención Grupal del Instituto Andaluz de la Mujer. Se ha prestado especial atención en contar con participantes de diferentes edades, nivel de estudios, procedencia etc. a fin de poder acceder a experiencias lo más diversas posible.

A partir del material obtenido tras esta fase exploratoria se ha realizado un análisis de contenido para identificar los motivos que, de acuerdo con las personas entrevistadas, llevan a las mujeres a renunciar. Mediante este procedimiento se han ido identificando un número importante de factores hasta que se ha llegado a su saturación. En base al conjunto de factores emergidos del análisis de las entrevistas, grupo de discusión y de la literatura, se ha ido creando un primer borrador del instrumento final. Tras una primera fase de aplicación piloto del cuestionario, se ha identificado la necesidad de crear varios cuestionarios que se ajustasen a los diferentes momentos del procedimiento judicial en el que se podían encontrar las denunciantes. Tras la puesta a punto de los diferentes instrumentos, se concertó una nueva reunión con ocho de las expertas consultadas en la fase previa para someter a su valoración la herramienta creada. Esto supuso pequeñas modificaciones de la misma y, tras una última revisión, se dio por acabado el proceso de construcción del instrumento.

Durante la fase de aplicación del cuestionario hemos contado con la participación de 3 personas del SAVA de manera que la gran mayoría de los cuestionarios han sido recogidos directamente en los Juzgados de Violencia de Género de Sevilla y Granada. La elección de estas dos provincias fue debida a que, según los últimos datos con que se contaba en el momento del inicio de la recogida de datos, era Sevilla la provincia andaluza con una ratio renuncias/denuncias más elevada (17%) mientras que Granada era la que tenía la ratio más baja (2%). Conscientes del hecho que en cierta medida esta muestra no era del todo representativa de lo que ocurre a nivel andaluz, ya que las usuarias del servicio SAVA cuentan con un servicio de asesoramiento y acompañamiento en el procedimiento judicial, que desafortunadamente no todas reciben, se intentó diversificar la muestra con mujeres que residieran en un entorno rural o peri-urbano y se contó con la valiosa colaboración de 17 CMIMs de la provincia de Sevilla. Además, y dada la sobre representación de la población inmigrante entre las víctimas de violencia de género, se amplió la representación de este grupo de mujeres con la colaboración de la Fundación Sevilla Acoge y se insistió a los demás agentes sobre la necesidad de consultar el mayor número posible de usuarias inmigrantes. Asimismo, se consideró necesario intentar llegar a denunciantes que no fueran usuarias de los servicios públicos, o que complementaran esos servicios con los que reciben de fundaciones privadas. Por esta razón se pidió la colaboración de la Fundación Genus y la Fundación Ana Bella. Por último se ha contado con la colaboración de las Casas de Acogida de Granada, Cádiz y Jaén por considerar que entre las usuarias de las Casas de Acogida se podía encontrar una gran variedad de casuísticas que contribuyese a la representatividad de la muestra.

Por último, gracias a la colaboración de la Secretaria del Juzgado de Violencia nº3 de Sevilla, se han recogido datos de mujeres justo en el momento en que acudían al Juzgado para renunciar a continuar el procedimiento judicial

Resumen de resultados

Análisis de las variables explicativas y predictoras

Algunos datos descriptivos

En total se administraron un total de 806 cuestionarios. La mayor parte de ellos fueron administrados por el SAVA de Sevilla y Granada, 439 y 200 respectivamente. Un total de 136 fueron aportados por CMIMs, asociaciones y casas de acogida y 31 cuestionarios fueron administrados en los Juzgados de Sevilla cuando las mujeres acudieron a renunciar al proceso judicial.

 



 





 






De los 806 cuestionarios administrados, 45 pertenecían a mujeres que proporcionaron dos cuestionarios, uno referido a una denuncia anterior y otro referido a una denuncia actual. Sin embargo, de entre los referidos a una denuncia actual, sólo en 4 ocasiones fue posible conocer el resultado final del proceso, renunciar o no, por lo que se decidió optar por incluir en el análisis estadístico posterior los cuestionarios referidos a denuncias anteriores. Adicionalmente, también se eliminaron los 31 cuestionarios provenientes de los juzgados, ya que los datos de estas mujeres se recogían en el momento que visitaban los juzgados para renunciar al proceso, no habiendo posibilidad de variación en el hecho de renunciar o no. Dichos datos podrán ser utilizados posteriormente para comprobar si las características mayoritarias de las mujeres que renuncian a continuar con el proceso también se cumplen entre quienes acuden al juzgado a renunciar. Por último, de los 730 cuestionarios restantes, sólo en 345 de ellos fue posible determinar si la mujer renunciaba o no al proceso judicial, ya que en los 385 casos restantes el proceso no había concluido en el momento de comenzar el análisis. Por tanto, en el análisis de las variables relacionadas con el hecho de renunciar o no al proceso judicial sólo intervienen 345 cuestionarios como máximo; el mínimo vendrá determinado por el número de mujeres que respondieron a cada pregunta del cuestionario.

De los 345 casos analizados, en 214 (62%) se continuó con el proceso judicial y en 131 (38%) se renunció al mismo. En relación con ello, es necesario señalar que este elevado porcentaje de renuncias no es en absoluto representativo de las renuncias que se producen en nuestro país, donde según datos del CGPJ (2011a) correspondientes al primer trimestre de 2011, la ratio denuncias/renuncias es del 11%. El elevado número de renuncias en nuestro estudio es más bien fruto de la obtención planificada de unos porcentajes de renuncias y no renuncias más igualados con fines analíticos. Lo que sí resulta más relevante es que en 105 registros de los 131 que terminaron en renuncias se pudo identificar el momento en el que se produjo dicha renuncia. Estas se dieron mayoritariamente durante el periodo de instrucción o durante las primeras 72 horas. Las renuncias fueron mucho menos frecuentes en los juicios rápidos o durante el juicio oral. Las diferencias entre estos porcentajes resultaron estadísticamente significativas, X2 (3, N = 105) = 40.18, p = .000.

 



 





 






En relación con el proceso judicial, la mayor parte de las mujeres reconocieron no saber prácticamente nada sobre el proceso judicial y sus consecuencias.

 



 





 






En aquellos casos en que sí se tenía algún conocimiento previo, la información fue proporcionada mayoritariamente por los servicios sociales (SAVA y otros servicios sociales), en un 61% de los casos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mayoría de las mujeres reconocieron saber con antelación que él podría entrar en prisión.

 
 



 





 





Las notas medias de 0 a 10 con que se valoraban diversos agentes del proceso judicial se muestran a continuación. Como puede comprobarse todos los agentes del proceso judicial obtienen una nota media superior a 6, siendo la nota media más alta la proporcionada al personal que atiende a la mujer al denunciar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la relación entre las variables predictoras y las renuncias

Se analizó la relación entre el hecho de renunciar o no al proceso judicial y cada una de las variables potencialmente predictoras de dicha renuncia. Aunque se analizaron todas ellas, a continuación sólo destacaremos las que demostraron tener una relación estadísticamente significativa (no explicable por azar o errores de muestreo) con las renuncias, así como un tamaño de efecto no excesivamente pequeño. Estos índices de tamaño de efecto resultan especialmente importantes a la hora de evaluar la importancia relativa de las distintas predictoras, ya que con una gran cantidad de datos como ocurre en nuestro caso, pueden resultar significativas diferencias poco relevantes en la práctica. Finalmente también haremos referencia a algunas variables cuya ausencia de relación con las renuncias ha resultado más sorprendente. En las siguientes tablas se resumen las principales relaciones encontradas para los cuatro grupos de variables predictoras analizadas.


Variable predictora Descripción de la relación Tamaño de efecto
Variables sociodemográficas
Autoevaluación en conocimiento del español Las mujeres que no renuncian se proporcionan a sí mismas una nota mayor en conocimiento del español (M = 9.05 frente a M = 7.40) R 2 = .13, casi grande
Nivel de estudios Las que más renuncian son las mujeres sin estudios rϕ = .21, pequeño
País de procedencia Las que más renuncian son las mujeres procedentes de países de habla no hispana (Africa, Europa del este…) rϕ = .15 , pequeño
Variables sin relación: número de hijos e ingresos económicos independientes
Motivaciones para denunciar y renunciar
Al denunciar: decisión bien meditada El porcentaje de renuncias es menor cuando se denuncia
tras una decisión bien meditada.
rϕ = .25, pequeño
Expectativa: Corregir su comportamiento Con esta expectativa se dan más renuncias rϕ = .29, casi medio
Expectativa: Conseguir protección Con esta expectativa se dan menos renuncias rϕ = .29, casi medio
Expectativa: Que deje de molestarla Con esta expectativa se dan menos renuncias rϕ = .23, pequeño
Expectativa: Separarse Con esta expectativa se dan menos renuncias rϕ = .17, pequeño
Contacto con el agresor (telefónico, familiar, convivencia…) Renuncian más quienes mantienen contactos frecuentes
con el agresor
rϕ = .46, casi grande
Pensar que podía volver con él Renuncian más quienes piensan que podían volver a la relación
con el agresor
rϕ = .46, casi grande
Pensar en abandonar por volver con él Renuncian más quienes tienen estos pensamientos rϕ = .35, medio
Pensar en abandonar por cansancio Quienes tienen estos pensamientos renuncian menos rϕ = .34, medio
Pensar en abandonar por miedo Quienes tienen estos pensamientos renuncian menos rϕ = .24, pequeño
Sentimiento de culpabilidad Las mujeres que renuncian tienen más sentimientos de culpabilidad R2 = .13, casi grande
Preocupación por la entrada de él en prisión Las mujeres que renuncian se sienten más preocupadas R2 = .09, medio
Necesidad de tener pareja Las mujeres que renuncian sienten una mayor necesidad
de tener pareja
R2 = .06, medio
Darle otra oportunidad si cambia Las mujeres que renuncian están más dispuestas a darle otra oportunidad al agresor porque lo siguen queriendo R2 = .19, grande
Variables sin relación: tiempo de maltrato y el amor, los hijos y la economía como motivos para abandonar el proceso judicial
Variables relacionadas con el proceso judicial
Solicitud de orden de protección Solicitan menos órdenes quienes más renuncian rϕ = .35, medio
Concesión de orden de protección Renuncias más aquellas mujeres a las que no se les concede orden de protección rϕ = .33, medio
¿Quién toma las decisiones en el proceso? Cuando la mujer toma las decisiones sola se dan más renuncias respecto a cuándo lo hace conjuntamente con su abogado o abogada rϕ = .30, medio
Variables relacionadas con el apoyo psicológico a la mujer
Recibir apoyo psicológico Las mujeres sin apoyo psicológico renuncian más rϕ = .30, medio
Sensación de peligro Las mujeres que renuncian sienten menos sensación de peligro R2 = .06, medio
Variables sin relación: tiempo de apoyo psicológico


Un modelo estadístico para predecir la probabilidad de renunciar

Al mismo tiempo que las variables destacadas previamente se relacionan con el hecho de renunciar o no, también mantienen fuertes relaciones entre sí. Como consecuencia, no será necesario recurrir a todas ellas para predecir la probabilidad de renunciar, sino que puede predecirse dicha probabilidad de renuncia con un número mucho más menor de variables predictoras que aglutinen al resto. Para ello se desarrollaron diversos análisis de regresión logística. El proceso comenzó analizando por separado cada una de las cuatro agrupaciones de variables predictoras previamente analizadas. en esta primera fase del análisis se seleccionaron las variables: país de procedencia, tipo de decisión al denunciar, expectativa de conseguir protección, contacto con el agresor, pensar en volver con él, sentimiento de culpabilidad, concesión de la orden de protección, quién decidía en el proceso judicial, cansancio, apoyo psicológico y sentimiento de vida en peligro. En una fase posterior, estas variables seleccionadas en la primera etapa se introdujeron simultáneamente en un modelo único, con el objetivo de identificar a partir de ellas el modelo más predictivo y simple a la vez. Como muestra la siguiente tabla, cinco de esas variables entraron a formar parte del modelo de regresión logística final.

Predictora B ET X2Wald gl Sig. OR
Constante -4.30 .60 50.88 1 .000** .01
Piensa en volver con él (no-sí) 2.09 .41 26.25 1 .000** 8.07
Se siente culpable .11 .05 5.30 1 .021* 1.12
Apoyo psicológico 6.69 2 .035*
Sociales-sanitarios .57 .67 .71 1 .400 1.76
Sociales-sin apoyo 1.07 .42 6.62 1 .010** 2.92
Orden de protección (sí-no) 1.27 .40 9.98 1 .002** 3.57
¿Quién decide? 8.39 2 .015*
Ambos-Ella sola 1.49 .54 7.63 1 .006** 4.42
Ambos-Abogados/as 1.59 .63 6.39 1 .011* 4.90
Modelo X2 gl Sig. R 2 Cox y Snell R 2Nagelkerke
Razón de verosimilitud 99.66 7 .000 .34 .49
Hosmer y Lemeshow 5.38 8 .716

Resultados del modelo de regresión logística binaria con el método de Razón de Verosimilitud hacia delante (* significativa al .05; ** significativa al .01).

Como puede comprobarse en la columna correspondiente a las Odds Ratios (cociente entre riesgos relativos de renuncia), el pensar en volver con él multiplica por 8.07 el riesgo relativo de renunciar al proceso judicial. Por su parte, cada incremento del sentimiento de culpabilidad en una unidad multiplica dicho riesgo por 1.12. El riego relativo de renunciar al proceso también se multiplica por 1.76 cuando el apoyo psicológico lo prestan los servicios sanitarios respecto a cuándo lo prestan los servicios sociales, y se multiplica por 2.92 cuando pasan de prestarlo los servicios sociales a no recibir apoyo psicológico. Adicionalmente, el riesgo relativo de renunciar se multiplica por 3.57 cuando no se concede orden de protección frente a cuando sí se concede. Y finalmente, tanto el hecho de que sea la mujer sola como sólo los miembros de la abogacía quienes deciden sobre el proceso judicial hacen que el riesgo de renunciar se multiplique por más de cuatro puntos, 4.42 y 4.90 respectivamente, frente a aquellas situaciones en que las decisiones se toman conjuntamente.

La clasificación de casos que se obtendría con el modelo obtenido, fijando el punto de corte para la probabilidad de renunciar o no en .30 se muestra en la siguiente tabla.

Valor observado Valor pronosticado Porcentaje correctamente clasificado
No renuncia Sí renuncia
No renuncia 138 34 80.2
Sí renuncia 12 56 82.4
Porcentaje global 80.8

Clasificación de casos de renuncias y no renuncias observados y predichos por el modelo con .30 como punto de corte para la clasificación.

Como puede observarse, clasificando como renuncias los casos con probabilidades superiores a .30 y como no renuncias los inferiores a dicha probabilidad, el 80.8% de los casos sería correctamente clasificado. Más específicamente, el modelo sólo daría lugar a un 19.8% de falsos positivos (se pronostica la renuncia cuando no se dio), contando por tanto con una aceptable especificidad, 80.2%. Al mismo tiempo, sólo daría lugar a un 17.6% de falsos negativos (se pronostica la no renuncia cuando sí se dio), contando por tanto con una sensibilidad aceptable, 82.4%.

Conclusiones

Podemos terminar este resumen del trabajo presentando las conclusiones más relevantes. Éstas se refieren a la influencia de los distintos tipos de variables analizadas y al modo en que se relacionan entre sí dentro del modelo predictivo de las denuncias. Finalmente, ofrecemos alguna conclusión de carácter general, tanto teórica como orientada a la intervención.

El primer tipo de factores considerados en nuestro estudio han sido variables demográficas como la provincia en la que se aplicó el estudio, el nivel educativo de las mujeres, el país de procedencia, el conocimiento del castellano, el número de hijos/as y los ingresos propios. Aunque tres de estas variables mostraron un efecto significativo sobre la continuación o no del proceso judicial (nivel educativo, el país de procedencia y el conocimiento del castellano) sólo el conocimiento del castellano tuvo un tamaño de efecto medio, casi alto. Las mujeres que tenían un nivel educativo alto tenían mayor probabilidad de continuar adelante con las denuncias que las de menor nivel de estudios. Por otra parte, las mujeres de nacionalidad española y las procedentes de países latinoamericanos (con un mayor dominio del castellano, por tanto) renunciaban en menor medida que las procedentes de países de habla no hispana (que reconocían un menor dominio del castellano). No obstante las diferencias observadas, ninguna de estas variables fue incluida en el modelo predictivo final. En todo caso, el interés de considerar estas variables reside en el hecho de que nos ayudan a identificar los grupos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, que encuentran mayores dificultades para seguir adelante con los procesos legales (aunque, de todas formas, la mayoría no retira las denuncias). Ello debe permitir dirigir mejor la intervención hacia estos grupos de mujeres. Por otra parte, hay que tener en cuenta que variables como nivel educativo o país de procedencia no dejan de ser etiquetas que designan a un conjunto de factores de diversa índole (relativos a valores culturales, acceso a recursos y redes de apoyo, capacidad para actuar en el sistema judicial…) cuya influencia debemos ir desentrañando en la investigación y en la intervención.

Mención aparte merece el hecho de que no hayamos encontrado relación entre el número de hijos/as ni los ingresos y las renuncias. En el caso de la existencia y número de hijos/as, los datos de investigaciones previas son contradictorios. Es posible que interactúe con la gravedad y la duración del maltrato. Por otra parte, podemos suponer que este factor influya sobre todo en que las mujeres se decidan o no a poner las denuncias y a romper con el maltratador y quizás no tanto en la decisión de mantenerla o retirarla.

En el caso de los ingresos tampoco hemos encontrado diferencias. Puede ocurrir de nuevo que este factor influya más en la decisión de presentar o no la denuncia que en la de mantenerla o retirarla. También el hecho de que en nuestra muestra la mayoría de las mujeres tuviesen unos ingresos muy similares (el 74% menos de 500 euros).

Con respecto a los factores relativos a las motivaciones de las mujeres para denunciar y renunciar, hemos encontrado efecto significativo de todas las variables consideradas, excepto el tiempo de maltrato, con la decisión de mantener o retirar la denuncia. Así, el porcentaje de renuncias ha sido mayor entre la mujeres que habían presentado la denuncia como consecuencia de un suceso traumático (y no tanto después de una decisión bien meditada) o porque alguien lo había hecho por ellas, que intentaban corregir el comportamiento violento del agresor (sin romper con él), que mantenían contactos con éste, que pensaban volver con él y que se sentían culpables por denunciarlo y preocupadas porque ingresara en prisión. Un análisis más profundo de los datos, así como la elaboración del modelo predictivo nos permiten afirmar que lo que ha resultado fundamental en este caso es la actitud con la que las mujeres realizan la denuncia y su disposición a romper o no con el maltratador. Aquéllas mujeres que denunciaron al agresor como resultado de una decisión meditada y que pretenden que el hacerlo las proteja del agresor y así poder alejarse de él (sin tener perspectivas de reanudar una relación de pareja) tienen una muy alta probabilidad de mantener la denuncia hasta el final. Son mujeres que no mantienen contacto con el agresor después de la denuncia y que no se sienten culpables por haberlo denunciado. Por el contrario, las que denunciaron al agresor sin el mismo grado de reflexión y maduración, sino como un intento de resolver una situación traumática (o que fue otra persona la que hizo la denuncia), pero que siguen creyendo que es posible corregir la conducta del agresor tienen una probabilidad de retirar la denuncia mucho mayor. En muchos de estos casos, el recurso al sistema judicial es un intento de buscar ayuda externa para mantener la relación, a pesar de todo el sufrimiento que les produce. Estas mujeres son las que mantienen contacto con el agresor y se sienten culpables por haberlo denunciado.

Lo anterior se corrobora por el hecho de que de todas las variables consideradas en este apartado las que han mostrado un mayor poder predictivo sobre la retirada o no de las denuncias han sido la de pensar en volver con el agresor y el sentimiento de culpabilidad. Aquéllas mujeres que han manifestado que pensaban volver con el agresor tienen una probabilidad de retirar la denuncia ocho veces superior a la de las mujeres que dijeron no tener intención de hacerlo. En segundo lugar, el sentimiento de culpa también es un factor relevante para predecir la eventual retirada de las denuncias. Aquéllas mujeres que se sentían culpables por haber denunciado al maltratador tenían un riesgo de retirar la denuncia un 12% mayor que las que no se sentían culpables.

Con respecto a las variables relacionadas con el proceso judicial, hemos encontrado efectos significativos de tres de ellas: la solicitud y la concesión o no de orden de protección y el acompañamiento por parte de los/as abogados. Con respecto a las dos primeras, nuestro estudio pone de manifiesto la importancia de las órdenes de protección. En particular, la concesión o no de dicha orden una vez solicitada. La no concesión de ésta multiplicó por 3.57 la probabilidad de renuncia. En los casos en que las mujeres las solicitan y no se conceden, éstas quedan en una situación de desamparo (a la vez que el maltratador se siente empoderado) que las lleva a retirar la denuncia.

También resultó fundamental que las mujeres pudieran decidir presentar la denuncia con la asistencia de un/a abogado/a. En los casos en que las decisiones a lo largo del proceso judicial fueron tomadas o bien por las mujeres solas o por los/as abogados/as solas/os, la probabilidad de renuncia se multiplicó por más de 4 en ambos casos.

El último tipo de factores considerados son los relativos al apoyo psicológico proporcionado a las mujeres antes de la denuncia y durante el proceso. De nuevo los datos avalan claramente la importancia de este factor, incluido también en el modelo predictivo. Aquéllas mujeres que no tuvieron apoyo psicológico durante su periplo judicial abandonaron el proceso en un porcentaje mucho mayor que las que lo tuvieron. Y dentro de los servicios que proporcionan este apoyo, los servicios sociales se revelaron como los más eficaces, en mayor medida que los sanitarios, a pesar de la mayor duración de estas intervenciones. Seguramente el enfoque que dan a sus intervenciones los servicios sociales, de carácter integral, ofreciendo herramientas de afrontamiento, redes de apoyo y acompañamiento durante el proceso, activando los recursos personales y del entorno, puede ayudarlas a tomar la decisión de manera meditada y a mantenerla.

En definitiva, nuestro estudio nos ofrece un cuadro que nos ayuda a entender de qué manera factores de diversa índole nos explican por qué un 12% de mujeres no quieren o no pueden mantener las denuncias contra sus maltratadores. El modelo predictivo desarrollado ha permitido también ponderar la importancia de estas variables y ofrecer un instrumento que nos permite anticipar con un alto grado de probabilidad los casos en los que es previsible que la denuncia sea retirada, orientando la intervención con el objetivo de ayudar y acompañar a las mujeres a lo largo de todo el proceso judicial. Creemos también que es posible extraer conclusiones de carácter más general, referidas tanto al plano teórico como de intervención.

Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en el caso de las mujeres inmigrantes. Los datos del CGPJ y de la DGVG de 2010 nos muestran que un alto porcentaje de las mujeres que renunciaron eran inmigrantes, sin distinguir entre las que proceden de países de habla hispana y no hispana. Nos encontramos, por tanto, ante dos grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad. El modelo propuesto nos permite predecir una probabilidad de renuncia baja para las mujeres españolas, alta para las inmigrantes que proceden de países de habla no hispana e intermedia (con una mayor variabilidad interna) entre las que proceden de países de habla hispana. En este sentido, los resultados de nuestro estudio nos permiten identificar con claridad un conjunto de variables (la disposición a volver con el maltratador, el sentimiento de culpa, la concesión de orden de alejamiento, y el apoyo, tanto legal como psicológico) que predicen la continuidad o no del proceso y que, en el caso de las mujeres inmigrantes (especialmente las de habla no hispana), se presentan de tal modo que las deja en situación de gran vulnerabilidad. Además, el estudio nos alerta de la importancia del conocimiento del castellano a la hora de enfrentarse a todo el proceso judicial.

Los resultados del estudio nos reafirman en la necesidad de adoptar un modelo de análisis y de intervención en violencia de género basado en el empoderamiento de las mujeres, tal como hemos defendido en estudios anteriores. Los datos de este trabajo apuntan claramente en la misma dirección. Las mujeres que mantenían la denuncia y mostraban su clara disposición para romper con el agresor eran aquéllas que lo habían denunciado como resultado de una acción personal reflexiva y meditada, sin sentimientos de culpa. Pero esta capacidad de las mujeres para tomar las riendas de sus vidas y romper con el agresor necesita ser asistida por las instancias sociales, sanitarias y judiciales que pueden ofrecer la ayuda necesaria: abogados/as, que las ayuden a la hora de presentar la denuncia y de todo el proceso judicial, jueces que concedan las órdenes de protección pertinentes y los servicios sociales y sanitarios que, desde un enfoque integral, proporcionen el apoyo (información, soporte emocional) necesario para el proceso de empoderamiento personal que debe darse al mismo tiempo que el proceso judicial.