La renuncia a continuar en el procedimiento judicial
en mujeres víctimas de violencia de género:
Un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza
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El avance legislativo con el que se ha intentado dar respuesta a la violencia de género ha conseguido que en los primeros años de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se haya producido una visibilización social de esta problemática, un incremento en el número de denuncias por violencia de género y una mejora en la respuesta policial, judicial y social ante estas situaciones.
Pese a este avance sigue existiendo un porcentaje de mujeres, que se según el CGPJ se viene manteniendo en los últimos años entorno al 12%, que renuncian a continuar el procedimiento judicial una vez iniciado sin que sepamos a nivel empírico por qué lo hacen. Para poder reducir esta ratio denuncias/renuncias es fundamental obtener datos empíricos objetivos sobre cuáles son estos motivos que llevan a estas mujeres a renunciar al proceso judicial y, en la medida de lo posible, poder llegar a predecir este comportamiento para poder actuar con grupos de mujeres que, en función de ellos, se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad. Este ha sido el objetivo de la investigación realizada por un equipo de investigación del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, dirigido por Mª Jesús Cala Carrillo y subvencionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Aunque el énfasis se ha puesto en este 12% de renuncias por la importancia social que tendría poder disminuirlo, conviene no olvidar y poner en valor que a pesar de lo complejo que puede resultar continuar con el procedimiento judicial, un 88% de las mujeres lo hacen. Estas mujeres continúan el procedimiento judicial a la vez que afrontan nuevas responsabilidades en solitario tras haber vivido abusos repetidos a lo largo del tiempo, con las importantes secuelas psicológicas que esta situación acarrea en las mujeres, y en un contexto social donde lo que se espera de ellas es que “sepan perdonar”, cuiden de sus parejas y sitúen dicha relación en el eje de su proyecto vital. Las mujeres, en muchos casos sin los recursos económicos suficientes y en una situación de aislamiento a la que el maltratador las ha sometido, tienen que conseguir desprenderse de muchos de estos mandatos de género, tener la fortaleza de presentar una denuncia, en alguno de los casos acompañadas de la solicitud de una Orden de Protección, y mantener las energías suficientes para continuar con el procedimiento judicial que puede extenderse en el tiempo durante meses e incluso años. Y, como decimos, la inmensa mayoría de ellas lo hace.
