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El III Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres aborda los nuevos retos en materia de Justicia y Seguridad

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Granada, capital judicial de Andalucía, acoge este evento que reunirá a más de 500 profesionales

Los próximos días 26 y 27 de noviembre de 2012, más de 500 profesionales se reunirán en el III Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que, bajo el título de “Justicia y Seguridad: Nuevos Retos”, tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, capital judicial y sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En esta legislatura, el Gobierno andaluz ha creado la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas en la Consejería de Justicia e Interior, que ha asumido, entre otras, la organización anual de este evento.

La celebración de este III Congreso responde a la necesidad de prestar formación especializada para lograr una eficaz protección de las víctimas de la violencia de género y da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, en la que se establece que la formación a profesionales es un eje transversal que permite favorecer un espacio de encuentro, coordinación y trabajo en red entre las diferentes administraciones, entidades, instituciones, agentes sociales y profesionales que desarrollan actuaciones en la atención, asistencia y protección a las víctimas.

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El acoso en el trabajo: una visión jurídica.
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Para lograr una correcta comprensión del acoso laboral, es necesario analizar las diferentes tipologías y conceptos que se han desarrollado en los distintos ámbitos normativos social y contencioso-administrativo, con la pretensión de comprobar, a través del análisis de sentencias, hasta qué punto estas conceptualizaciones o definiciones están mejorando la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual y por razón de sexo, o si por el contrario, han incrementado la ambigüedad y confusión ya existentes, pudiendo generar un daño añadido a la nada desdeñable violencia de género en el trabajo. Por ese motivo, resulta de interés diferenciar entre acoso discriminatorio y acoso no discriminatorio, así como incidir en la distinción entre acoso discriminatorio por razón de sexo y acoso discriminatorio por otras causas: raza, religión, edad u orientación sexual.

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La renuncia a continuar en el procedimiento judicial
en mujeres víctimas de violencia de género:
Un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza
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El avance legislativo con el que se ha intentado dar respuesta a la violencia de género ha conseguido que en los primeros años de aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se haya producido una visibilización social de esta problemática, un incremento en el número de denuncias por violencia de género y una mejora en la respuesta policial, judicial y social ante estas situaciones.

Pese a este avance sigue existiendo un porcentaje de mujeres, que se según el CGPJ se viene manteniendo en los últimos años entorno al 12%, que renuncian a continuar el procedimiento judicial una vez iniciado sin que sepamos a nivel empírico por qué lo hacen. Para poder reducir esta ratio denuncias/renuncias es fundamental obtener datos empíricos objetivos sobre cuáles son estos motivos que llevan a estas mujeres a renunciar al proceso judicial y, en la medida de lo posible, poder llegar a predecir este comportamiento para poder actuar con grupos de mujeres que, en función de ellos, se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad. Este ha sido el objetivo de la investigación realizada por un equipo de investigación del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, dirigido por Mª Jesús Cala Carrillo y subvencionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Aunque el énfasis se ha puesto en este 12% de renuncias por la importancia social que tendría poder disminuirlo, conviene no olvidar y poner en valor que a pesar de lo complejo que puede resultar continuar con el procedimiento judicial, un 88% de las mujeres lo hacen. Estas mujeres continúan el procedimiento judicial a la vez que afrontan nuevas responsabilidades en solitario tras haber vivido abusos repetidos a lo largo del tiempo, con las importantes secuelas psicológicas que esta situación acarrea en las mujeres, y en un contexto social donde lo que se espera de ellas es que “sepan perdonar”, cuiden de sus parejas y sitúen dicha relación en el eje de su proyecto vital. Las mujeres, en muchos casos sin los recursos económicos suficientes y en una situación de aislamiento a la que el maltratador las ha sometido, tienen que conseguir desprenderse de muchos de estos mandatos de género, tener la fortaleza de presentar una denuncia, en alguno de los casos acompañadas de la solicitud de una Orden de Protección, y mantener las energías suficientes para continuar con el procedimiento judicial que puede extenderse en el tiempo durante meses e incluso años. Y, como decimos, la inmensa mayoría de ellas lo hace.

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Conclusiones 2º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres: Violencia de Género en Menores y Adolescentes
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El Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres es un referente para las actuaciones que se realicen en los ámbitos de la violencia de género. El II Congreso, dedicado a la “Violencia de género en menores y adolescentes”, organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en Sevilla, los días 28 y 29 de noviembre de 2011, abordó desde un planteamiento multidisciplinar las problemáticas: Reconocimiento de que la violencia de género no sólo provoca grandes consecuencias en la mujer que la sufre, sino también en las personas que la rodean, especialmente en sus hijos e hijas, siendo víctimas directas de la violencia de género; Constatación de un número cada vez mayor de casos de violencia de género sufridos por mujeres jóvenes, que a su vez es ejercida por sus parejas, también jóvenes; Afrontar estas problemáticas es una necesidad detectada por los profesionales y las profesionales que trabajan contra la violencia de género y una exigencia, que cada vez con más fuerza, plantea la sociedad.

El objetivo ha sido triple: formación a profesionales en las diferentes materias que aborden en profundidad el complejo fenómeno de la violencia; conocer y analizar la situación real de estas problemáticas y los diferentes modelos, actuaciones y estrategias existentes frente a ellas; conocer buenas prácticas existentes en cuanto a intervenciones de sensibilización, prevención y actuación, de coordinación de actuaciones y de cooperación de las Administraciones públicas y las entidades sociales en la lucha contra la violencia de género en estos ámbitos.

Los logros y avances conseguidos en la lucha contra la violencia de género a través de estas actuaciones, así como la sensibilidad y conciencia social que han generado, está permitiendo que se visualicen problemáticas y circunstancias que rodean a la violencia contra las mujeres y que hasta hace poco quedaban ocultas.

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La Patria Potestad y la Violencia de Género

María Dolores Cabello Fernández.

Profesora Colaboradora de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga.

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La patria potestad es una función que debe desarrollarse siempre en interés de los menores. El supremo interés del menor rige toda la materia y cuando se puede poner en peligro por el grave incumplimiento de los progenitores de sus deberes respecto de los hijos e hijas el ordenamiento jurídico ha previsto medidas como la suspensión de la patria potestad, la privación de la patria potestad, o las penas que regula el Código penal de inhabilitación y privación de la patria potestad. Uno de los más graves incumplimientos de los deberes derivados de la patria potestad es la violencia de género, atentar contra la vida o la integridad física de la madre por parte del padre atenta no sólo contra el supremo interés de los menores a un desarrollo de su personalidad, sino también contra derechos fundamentales de la madre a su integridad o vida que deben prevalecer sobre el derecho de los padres maltratadores a relacionar se con sus hijos. Por todo ello, en casos de violencia de género se justifica claramente la privación de la patria potestad del maltratador respecto de sus hijos, y como mínimo la suspensión del régimen de visitas.