entrevista

Micaela Navarro
Consejera para la Igualdad y el Bienestar Social. Junta de Andalucía
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“Nuestro trabajo se centra en articular las medidas de protección, atención y de recuperación integral de las mujeres” 




Cuál fue su intervención como parlamentaria en el Congreso de los Diputados en relación con la Ley de Erradicación de la Violencia de Género ¿era necesaria una ley de violencia de género para el conjunto del estado?

En dos ocasiones he tenido la oportunidad de defender la necesidad de elaborar una ley integral contra la violencia de género en el Congreso de los diputados, desde espacios de responsabilidad institucional diferente. La primera vez, en septiembre de 2002, en mi calidad de diputada y en nombre del grupo parlamentario socialista. En aquella ocasión no fue posible sacar adelante una ley de estas características. Dos años después, volví al congreso, esta vez como Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para seguir defendiendo la necesidad de aprobar una ley para combatir los malos tratos. Esta vez sí fue posible.

Desde ese momento, en la sociedad española inició un cambio en torno a la violencia que aún hoy, en el siglo XXI, sufren miles de mujeres. Desde la aprobación de la Ley se han dado pasos fundamentales en la protección de las mujeres víctimas de violencia, se han desarrollado medidas para ofrecer más seguridad, se ha identificado el problema y lo privado se ha hecho público.


¿Era igualmente necesaria una Ley de Violencia de Género en Andalucía?

Sin duda alguna. Andalucía con esta ley, además de  desarrollar y garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia recogido en nuestro Estatuto, crea un instrumento legislativo  específico que atiende y da respuesta a las necesidades concretas de nuestra Comunidad Autónoma a la vez que complementa la Ley Orgánica  en los ámbitos de nuestra competencia.

La norma nos ha permitido consolidar nuestra experiencia y dotarnos de más recursos para luchar contra esta lacra, incluye medidas de puesta en marcha de nuevos recursos, de ampliación de servicios ya existentes, el refuerzo de programas de atención directa a las víctimas y nuevas campañas informativas y de sensibilización.


¿Cree que sería importante, dado que han transcurrido ya casi siete años, una revisión de la Ley estatal sobre violencia? ¿Cuáles serían las principales insuficiencias?

En un marco democrático las leyes son imprescindibles porque garantizan derechos pero no son suficientes. Desde la aprobación de la ley se han puesto en funcionamiento las medidas institucionales previstas, se han aumentado los recursos para combatirla y se han puesto en marcha nuevos derechos sociales y económicos para las mujeres que garantizan la asistencia social integral. No obstante, siguen sucediéndose episodios que nos hacen pensar que aún debemos hacer más, que la Ley necesita un nuevo impulso para garantizar más seguridad a las mujeres y hacer posible el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta su Consejería en relación con la violencia de género?

Más que de problemas, podríamos hablar de obstáculos, dada la complejidad del fenómeno al que nos enfrentamos. La violencia de género requiere una intervención multidisciplinar, y es la necesidad de coordinar todos los ámbitos, en el marco de una acción única y vertebrada, el reto más complejo para poder ofrecer una atención y asistencia eficaz evitando la victimización secundaria.

Las estrategias para erradicar la violencia de género deben ahondar en la necesidad  de seguir actuando desde  ámbitos de una manera integrada. Las medidas que se adopten deben ser llevadas a cabo de una forma coordinada y coherente por todas las instituciones y entidades sociales implicadas en la lucha contra los malos tratos.

Yendo a la raíz del problema ¿Por qué cree que sigue existiendo, en un mundo desarrollado, violencia estructural? ¿Con que herramientas contamos para confrontarla?

La desigualdad es el origen de la violencia contra las mujeres, y por tanto hay que acabar con esa desigualdad. Ello va más allá que una cuestión jurídica, Sólo los cambios de mentalidades, estereotipos, actitudes y valores nos llevarán a la solución final. Ello requiere tiempo.

Para provocar ese cambio y conseguir un efecto pedagógico de la ley, hay que activar mecanismos que ayuden a avanzar en ese cambio social, mecanismos que desde el ámbito de la prevención consigan crear un debate social que marque las pautas de un nuevo modelo de convivencia más igualitario. Por ello nuestro siguiente paso es poner en marcha el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la violencia de género, con el fin de atender a las causas de esta violencia mediante medidas preventivas supone intervenir en el proceso de cambio social.

¿Cómo se está actuando desde los distintos operadores en la protección de los y las menores víctimas de violencia de género? ¿Se hace necesario un marco legal y administrativo más específico para su protección?

Tanto la ley integral como la andaluza garantizan una atención integral especializada y multidisciplinar a las mujeres y a los menores y las menores que sufran la violencia. En este sentido  en Andalucía se han puesto en marcha dos actuaciones específicas. Por un lado, el Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, una actuación  pionera  para garantizar el derecho a la asistencia social integral a las víctimas, y por otro, en el marco del Sistema Integral de Atención y Acogida, se ha consolidado una línea específica de atención a menores que están a cargo de sus madres, mujeres atendidas en los recursos existentes.

Quiero destacar, que en Andalucía se ha suscrito el protocolo de atención a menores expuestos a la violencia de género elaborado por el Gobierno de España, que actualmente es el marco legal en el que estamos trabajando en el desarrollo de políticas específicas para los menores víctimas.

¿Cuáles son los logros más importantes conseguidos en la lucha contra la violencia de género?

La lucha contra la violencia de género es una de las prioridades del Gobierno andaluz, un compromiso en el que no partimos de cero. A lo largo de dos décadas con la aprobación de los sucesivos planes para acabar con esta lacra social, nos hemos situado como  uno de los ejecutivos autonómicos más decididos a la hora de plantear actuaciones y medidas contra la violencia hacia las mujeres. A través de ellos hemos logrado fijar medidas, desde la integralidad, que han conformado y consolidado todo un mapa de recursos que ofrecer a las mujeres víctimas de malos tratos en Andalucía.

Nuestro trabajo se centra en articular las medidas de protección, atención y de recuperación integral de las mujeres. Además, de gestionar todos los recursos propios de la Junta de Andalucía en esta materia y de propiciar una acción coordinada de todos los agentes e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género.