Micaela Navarro
Consejera para la Igualdad y el Bienestar
Social. Junta de Andalucía
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“Nuestro trabajo se centra en articular las medidas de protección, atención y de recuperación integral de las mujeres”
Cuál fue su intervención como parlamentaria en el Congreso de los Diputados en relación con la Ley de Erradicación de la Violencia de Género ¿era necesaria una ley de violencia de género para el conjunto del estado?
En
dos ocasiones he tenido la oportunidad de defender la necesidad de elaborar una
ley integral contra la violencia de género en el Congreso de los diputados,
desde espacios de responsabilidad institucional diferente. La primera vez, en
septiembre de 2002, en mi calidad de diputada y en nombre del grupo
parlamentario socialista. En aquella ocasión no fue posible sacar adelante una
ley de estas características. Dos años después, volví al congreso, esta vez
como Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, para
seguir defendiendo la necesidad de aprobar una ley para combatir los malos
tratos. Esta vez sí fue posible.
Desde
ese momento, en la sociedad española inició un cambio en torno a la violencia
que aún hoy, en el siglo XXI, sufren miles de mujeres. Desde la aprobación de
la Ley se han dado pasos fundamentales en la protección de las mujeres víctimas
de violencia, se han desarrollado medidas para ofrecer más seguridad, se ha
identificado el problema y lo privado se ha hecho público.
¿Era igualmente necesaria una
Ley de Violencia de Género en Andalucía?
Sin
duda alguna. Andalucía con esta ley, además de
desarrollar y garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia
recogido en nuestro Estatuto, crea un instrumento legislativo específico que atiende y da respuesta a las
necesidades concretas de nuestra Comunidad Autónoma a la vez que complementa la
Ley Orgánica en los ámbitos de nuestra
competencia.
La
norma nos ha permitido consolidar nuestra experiencia y dotarnos de más
recursos para luchar contra esta lacra, incluye medidas de puesta en marcha de
nuevos recursos, de ampliación de servicios ya existentes, el refuerzo de
programas de atención directa a las víctimas y nuevas campañas informativas y
de sensibilización.
¿Cree que sería importante,
dado que han transcurrido ya casi siete años, una revisión de la Ley estatal
sobre violencia? ¿Cuáles serían las principales insuficiencias?
En
un marco democrático las leyes son imprescindibles porque garantizan derechos
pero no son suficientes. Desde la aprobación de la ley se han puesto en
funcionamiento las medidas institucionales previstas, se han aumentado los
recursos para combatirla y se han puesto en marcha nuevos derechos sociales y
económicos para las mujeres que garantizan la asistencia social integral. No
obstante, siguen sucediéndose episodios que nos hacen pensar que aún debemos
hacer más, que la Ley necesita un nuevo impulso para garantizar más seguridad a
las mujeres y hacer posible el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
¿Cuáles son los principales
problemas a los que se enfrenta su Consejería en relación con la violencia de
género?
Más
que de problemas, podríamos hablar de obstáculos, dada la complejidad del fenómeno
al que nos enfrentamos. La violencia de género requiere una intervención
multidisciplinar, y es la necesidad de coordinar todos los ámbitos, en el marco
de una acción única y vertebrada, el reto más complejo para poder ofrecer una
atención y asistencia eficaz evitando la victimización secundaria.
Las
estrategias para erradicar la violencia de género deben ahondar en la
necesidad de seguir actuando desde ámbitos de una manera integrada. Las medidas
que se adopten deben ser llevadas a cabo de una forma coordinada y coherente
por todas las instituciones y entidades sociales implicadas en la lucha contra
los malos tratos.
Yendo a la raíz del problema
¿Por qué cree que sigue existiendo, en un mundo desarrollado, violencia
estructural? ¿Con que herramientas contamos para confrontarla?
La
desigualdad es el origen de la violencia contra las mujeres, y por tanto hay
que acabar con esa desigualdad. Ello va más allá que una cuestión jurídica,
Sólo los cambios de mentalidades, estereotipos, actitudes y valores nos
llevarán a la solución final. Ello requiere tiempo.
Para
provocar ese cambio y conseguir un efecto pedagógico de la ley, hay que activar
mecanismos que ayuden a avanzar en ese cambio social, mecanismos que desde el
ámbito de la prevención consigan crear un debate social que marque las pautas
de un nuevo modelo de convivencia más igualitario. Por ello nuestro siguiente
paso es poner en marcha el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra
la violencia de género, con el fin de atender a las causas de esta violencia
mediante medidas preventivas supone intervenir en el proceso de cambio social.
¿Cómo se está actuando desde
los distintos operadores en la protección de los y las menores víctimas de
violencia de género? ¿Se hace necesario un marco legal y administrativo más
específico para su protección?
Tanto
la ley integral como la andaluza garantizan una atención integral especializada
y multidisciplinar a las mujeres y a los menores y las menores que sufran la
violencia. En este sentido en Andalucía
se han puesto en marcha dos actuaciones específicas. Por un lado, el Servicio
de Atención Psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de
género, una actuación pionera para garantizar el derecho a la asistencia social
integral a las víctimas, y por otro, en el marco del Sistema Integral de
Atención y Acogida, se ha consolidado una línea específica de atención a
menores que están a cargo de sus madres, mujeres atendidas en los recursos
existentes.
Quiero
destacar, que en Andalucía se ha suscrito el protocolo de atención a menores
expuestos a la violencia de género elaborado por el Gobierno de España, que
actualmente es el marco legal en el que estamos trabajando en el desarrollo de
políticas específicas para los menores víctimas.
¿Cuáles son los logros más
importantes conseguidos en la lucha contra la violencia de género?
La
lucha contra la violencia de género es una de las prioridades del Gobierno
andaluz, un compromiso en el que no partimos de cero. A lo largo de dos décadas
con la aprobación de los sucesivos planes para acabar con esta lacra social,
nos hemos situado como uno de los
ejecutivos autonómicos más decididos a la hora de plantear actuaciones y
medidas contra la violencia hacia las mujeres. A través de ellos hemos logrado
fijar medidas, desde la integralidad, que han conformado y consolidado todo un
mapa de recursos que ofrecer a las mujeres víctimas de malos tratos en
Andalucía.
Nuestro
trabajo se centra en articular las medidas de protección, atención y de recuperación
integral de las mujeres. Además, de gestionar todos los recursos propios de la
Junta de Andalucía en esta materia y de propiciar una acción coordinada de
todos los agentes e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de
género.
